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Carta de la Rectora Publicada en El Mercurio

romo_alicia
El pasado 8 de julio, se publicó la carta enviada por Alicia Romo R. , rectora de la Universidad acerca de El Lucro.
Señor Director:
En su discurso del martes el Presidente reconoció el importante crecimiento que ha tenido la educación superior en el país, que se ha multiplicado cinco veces, alcanzando todos los grupos sociales. Pues bien, dicho crecimiento es mérito exclusivo de las instituciones de educación privadas que, con inversiones notabilísimas, han hecho posible tal desarrollo, llegando a ofrecer sus servicios a sectores de la población alejados de toda posibilidad de estudios superiores.
Hay una deuda país pendiente, en reconocer al capital privado como la causa eficiente de este desarrollo notable para nuestra sociedad. Asumiendo riesgos, hipotecando recursos personales, sacrificando posibilidades de negocio, las personas que asumieron estas empresas han trabajado, por treinta años, para alcanzar este resultado que el mundo reconoce como un logro meritorio del país. La calle sin embargo, grita y clama en medio de consignas ideológicas, acerca del lucro que tendrían estas instituciones y aparecen múltiples voces que respaldan esta actitud. El lucro, con esa connotación peyorativa impuesta por la ideología, se ha convertido en piedra de toque para acuerdos esenciales en un tema crucial para nuestro desarrollo: la Educación Superior.
En realidad, no existe ninguna universidad que, en perjuicio de la institución, tenga tales fines. Todas tienen que competir; tienen que invertir, para poder estar en condiciones de hacerlo adecuadamente; tienen que mejorar sus programas para ofrecer lo que el mercado necesita y exige; para satisfacer a su alumnado, mejorar las condiciones de su profesorado, ampliar o mejorar infraestructura. Con estas necesidades difícilmente queda espacio para hablar de lucro; que algunas instituciones tengan una inmobiliaria, que arriende las instalaciones a la universidad, no constituye fin de lucro, porque lo que se necesita y no se tiene hay que arrendarlo y la propiedad puede ser del grupo organizador o de un tercero, como en muchos casos del actual sistema.
No es lo mismo ser una institución creada con recursos públicos, del erario nacional, que instituciones financiadas con recursos privados, que bien hubieran podido, con alta rentabilidad, ser invertidos en otras áreas. No se custodia mejor el interés general cuando no se advierte lo que pasa en instituciones públicas donde académicos de tiempo completo son visitantes en su institución, o donde el exceso de personas encarece ineficientemente una tarea. Las instituciones privadas tienen que tener eficiencia y si no la logran, perecen, y eso es bueno porque genera una selección al interior del sistema.
Lucro o justas utilidades se obtienen en diferentes actividades y con distintas actitudes. Se puede señalar como tal el salario por el trabajo, la patente, que permite negociar una invención, el acuerdo con personas para que realicen de mejor forma o en plazo más breve alguna actividad, la venta de servicios, que realizan todas las universidades, tanto del sector público como privado, la asociación con académicos para desarrollar un determinado programa que se vende; en fin, la enumeración puede ser infinita dado que la necesidad de un retorno económico preside casi todas las actividades humanas. Es natural que quien presta un servicio, ocupa un tiempo y recursos que de otro modo destinaría a otra área, exija un producto a su inversión.
Si derribamos la barrera de las añejas ideologías y trasladamos el problema del lucro a la actualidad, resulta fácil comprender esta realidad, aceptándola como natural a toda actividad humana, que por ello exige respeto, es honorable y sirve con una eficiencia necesaria para avanzar hacia las metas que la sociedad espera y necesita.
Así como antes se aceptó en educación básica y media, es necesario que se modifique la ley y se elimine la mención: “sin fines de lucro” para todo el sistema privado. Pagar impuestos por la actividad educacional con utilidades parece razonable y mucho más todavía cuando eso significa que los insumos del sistema tendrán un diecinueve por ciento de rebaja al recuperar IVAs, que hoy recargan los costos de las universidades.

ALICIA ROMO ROMÁN
Universidad Gabriela Mistral

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