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Columna: Rebaja de la Tasa Máxima Convencional, ¿beneficia a los usuarios?


El pasado 23 de septiembre se publicó en El Mercurio la columna del economista Alejandro Alarcón, profesor de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Gabriela Mistral.
La Tasa Máxima Convencional (TMC), Ley 18.010 artículo 6, establece que no puede estipularse un interés que exceda en más de un 50% al corriente que rija al momento de la convención, ya sea que se pacte tasa fija o variable. Este límite de interés se denomina Tasa Máxima Convencional.
Dicha fórmula busca ser alterada por el Ejecutivo con un nuevo texto legal, que acaba de ingresar al Parlamento de la República, y pretende rebajar aun más el techo que se origina en la Ley 18.010 citada.
Como en toda medida popular, la seducción de que la gente pague tasas más bajas es un aliciente para empujar iniciativas de este tipo. Es más, algunos sectores desde el Parlamento ya han anunciado que el recorte debería ser más profundo y, por tanto, el debate que viene probablemente se concentrará en la búsqueda de nuevas rebajas de esa TMC.
Frente a ese nuevo escenario, cabe preguntarse si efectivamente una ley de este tipo ha ayudado en el pasado a los sectores de más bajos ingresos de nuestra sociedad. Si efectivamente el segmento de créditos de consumo, que es precisamente donde los llamados sectores emergentes de nuestra sociedad han establecido un vínculo con el modelo económico que rige en nuestro país, mejorarán sus condiciones de acceso al crédito. Y, si efectivamente, la industria bancaria obtiene utilidades suculentas por los préstamos que realiza allí.
Quiero ofrecer algunas respuestas a las preguntas anteriores, porque considero que si no se apunta a lo esencial en un tema extremadamente sensible, los sectores que se pretende resguardar pueden terminar siendo perjudicados; peor aun, pagando tasas de interés muy superiores en el sistema informal de créditos, que opera en el borde de la ilegalidad y que recurre a métodos de recuperación de esos dineros que aparecen en películas clásicas de Hollywood, donde el apremio y la violencia dejan atónitos a los espectadores más duros.
Primero, después de 20 años observando las regulaciones que han operado en el mercado del crédito he llegado a la conclusión que la TMC en lugar de prevenir la usura la incentiva, y que aquellos ciudadanos que requieren crédito y no lo encuentran, es decir que no están bancarizados, tarde o temprano caen en manos de aquellos exponiéndose a intereses usureros y prácticas de recuperación que en cualquier país civilizado están prohibidas. Como tenemos mala memoria, quizás la marca Eurolatina no diga mucho, pero existió a vista y paciencia de las autoridades, terminó en tribunales que fallaron en contra de la usuaria. O sea, perjudicándola.
Respecto del acceso al crédito, he realizado cálculos que muestran que con tasas de riesgo levemente sobre el 10% y gastos de producción tales como: personal, red de sucursales, recaudación, cobranza, sistemas tecnológicos, etcétera, de un crédito de $500.000, dejan margen mínimo para otorgarlos en las actuales circunstancias, y desde luego con el actual proyecto de TMC no se prestará, porque como en cualquier actividad, cuando no se cubren los costos el producto desaparece del mercado.
Respecto de la alegada obtención de suculentas utilidades, cálculos fácilmente verificables, muestra que de cada $100 que presta la banca a segmentos de bajos ingresos obtienen finalmente $3. Por tanto, el otorgamiento de crédito a estos segmentos no busca el lucro, tan en boga en nuestros días, sino la obtención de volúmenes significativos de clientes de bajos ingresos en un mercado muy competitivo, compuesto no sólo por los bancos, también por cajas de compensación, compañías de seguros, cooperativas y tiendas por departamentos. En total, más de 70 entidades que compiten por segmentos de bajos ingresos que solicitan créditos de bajos montos.
¿Cómo ayudar a que bajen esos costos asociados al riesgo y a costos administrativos? La consolidación de base de datos y la extensión del descuento por planilla rebajarán el riesgo y los costos administrativos en forma significativa.
Me tranquiliza que el ministro Longueira haya declarado que espera una discusión seria y técnica en el Congreso, y “ver quién es más popular, porque hay un efecto mucho peor: que dejemos a la gente pagando tasas incomparablemente más altas en el sistema informal”.

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