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El Costo del Terremoto

El último terremoto del 27 de Febrero tuvo un costo muy alto en términos de vidas humanas y destrucción de bienes de capital. La información preliminar sugiere que el costo de reponer los bienes de capital destruidos se acercan a los 21 mil millones de dólares, lo que supera al 11 por cieno del PIB proyectado para 2010. Si se le restan los ingresos por seguros comprometidos y se suma el costo de la remoción de escombros, se obtiene un requerimiento de recursos netos para la reconstrucción que super los 17 mil millones de dólares. De este monto, alrededor de 10,7 mil millones de dólares representan un costo directo para el sector público, y la diferencia representa el daño al sector privado.

¿Qué se puede hacer para enfrentar este costo, y emprender una reconstrucción efectiva? En primer lugar, el monto de inversión requerido es menos de la mitad del esfuerzo de inversión normal que realiza la economía chilena en un año. Por lo tanto, es perfectamente factible programar el grueso de la reconstrucción para un período de 12 meses. En segundo lugar, el costo público del terremoto es inferior a los 11 mil millones de dólares que se encuentran acumulados en los fondos del cobre, por lo que en principio, el sector público cuenta con suficiente financiamiento para enfrentar el terremoto. Basta que gire los recursos acumulados en el fondo del cobre.

Es cierto, que una repatriación masiva de estos fondos puede deprimir el tipo de cambio – y afectar adversamente al sector exportador – pero de hecho, el año pasado se repatriaron 7 mil millones de dólares del fondo del cobre, y además hubo que acomodar un superávit en cuenta corriente de 4,2 mil millones de dólares. Para este año, el Banco Central proyecta un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, por lo que traer los 11 mil millones de dólares del fondo del cobre, en principio genera presiones cambiarias perfectamente equivalentes a las que hubo el año pasado. Es más, con una moderada acumulación de reservas, el Banco Central podría evitar que el tipo de cambio cayera de $ 500 por dólar. Por ello, en principio, no se requeriría de un alza de impuestos para enfrentar los costos del terremoto.

Un financiamiento mixto, que contemple reasignaciones presupuestarias, venta de parte de empresas públicas, mayor royalty, y mayores impuestos es la opción preferida por el actual gobierno. En este esquema de financiamiento mixto, mientras mayor sea el peso que se de a las reasignaciones presupuestarias, menos distorsiones macroeconómicas se crean. El uso de tributación siempre conlleva costos de largo plazo para la economía, por lo que el alza de impuestos debiera ser idealmente de naturaleza transitoria.

De los impuestos que se evalúan, el que produce menos distorsiones es el royalty al cobre. Con el alto precio del cobre actual, un aumento del royalty no debiera tener casi ninguna influencia sobre la producción o las inversiones. Por ello esta parece ser una opción atractiva para conseguir recursos en el corto plazo.

En el caso del alza de impuestos considerados, un aumento en las contribuciones de bienes raíces, junto con el fin de las exenciones de IVA para este sector, debiera golpear adversamente al sector inmobiliario, que precisamente es uno de los sectores más afectados con el terremoto. Esta es claramente una mala política.

También el alza del impuesto a los alcoholes debiera tener un efecto adverso. Los productores de alcoholes, vinos, chichas y pisco son, indirectamente agricultores, por lo que parte importante de la incidencia de este impuesto implicará empobrecer a los agricultores, muchos de los cuales también fueron afectados adversamente por el terremoto. También esta es una mala política.
El alza de los impuestos a las empresas tiene un impacto negativo sobre la inversión. En efecto, este impuesto está integrado al global complementario, por lo que los impuestos de las utilidades distribuidas a sus accionistas, son acreditadas contra el impuesto global mismo. Esto significa que el alza de impuestos a la primera categoría no tiene ningún impacto recaudatorio sobre las utilidades distribuidas. Tan solo las utilidades que se reinvierten y que ayudan a financiar la inversión van a ser gravadas con tasas más altas.

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