Subir

Financiamiento de la Educación Superior Privada ¿Cuál es el Precio?

ConferenciaSorprende que el Senado haya aprobado, sin objeciones, el proyecto de Financiamiento de la Educación Superior cuando en él se establece en su artículo primero transitorio que : “En tanto no exista un Sistema Nacional de Aseguramiento de Calidad de las Instituciones de Educación Superior, se entenderá que dan cumplimiento al requisito establecido en el número 5 del Art.7º de la presente ley las siguientes instituciones: a) Aquellas contempladas en las letras a), b) y c) del art. 29 de la Ley Nº 18.962, que hayan alcanzado su autonomía conforme a las normas legales pertinentes y QUE HAYAN SIDO ACREDITADAS POR LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIDAD DE PROGRAMAS DE PREGRADO DE INSTITUCIONES AUTÓNOMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR, establecida por Decreto Nº55/99 del Ministerio de Educación”.

Con esta aprobación se ha consumado un retroceso, en materia de libertad y autonomía de la Educación Superior, nunca visto en el país. La Comisión “acreditadora”, para los efectos de los avales que naturalmente todas las universidades van a requerir, ya que todas tienen estudiantes calificados que necesitan apoyo económico, es un órgano que no tiene otra existencia legal que el Decreto que la generó y hoy el artículo transitorio número uno de la ley que el Senado acaba de aprobar casi por unanimidad.

Este origen no se condice para nada con la Ley Orgánica Constitucional de Educación ni menos aún con el ordenamiento Constitucional vigente. Al aprobar el Parlamento el artículo primero transitorio, legitimando a la Comisión acreditadora del CNAP., se ha legislado en flagrante violación de las garantías constitucionales y de los derechos legales de las universidades que tienen un estatus jurídico propio de acuerdo a sus funciones en la sociedad, y gozan de una autonomía amplia en razón de la esencia del ser “Universidad”.

Nunca el sector de universidades privadas se ha opuesto a que exista algún sistema de verificación de la calidad de su quehacer. Sólo se ha exigido que tal sistema sea voluntario, para hacerlo coherente con la autonomía de los planteles, y que existan agencias múltiples para que cada institución pueda elegir quien será su acreditadora., en la libertad que le corresponde de acuerdo a la ley.

Con el proyecto aprobado el Gobierno no necesita obtener la aprobación de ninguna ley que establezca y regule la acreditación, como señala el encabezamiento del artículo primero transitorio, puesto que LA ACREDITACIÓN HA SIDO INSTALADA EN EL ÓRGANO DE FACTO QUE SE CREÓ PARA HACER UN PROYECTO PILOTO Y DE PRUEBA. Tal órgano que no tiene ningún tipo de regulación, ni procedimientos conocidos, que evalúa a través de pares que por distinguidos que sean no son conocidos del público; que aplica un modelo, aparentemente único para evaluar y concede el máximo de tiempo de acreditación a instituciones que, como la Universidad de Chile, distinguida en el plano académico, tiene falencias y problemas gravísimos en su manejo económico y en su gestión, es el que se ha convertido en “EL ACREDITADOR OFICIAL DEL PAÍS”.

Se ha violado, en forma grave, con esta aprobación la ley y la Constitución, y lo más dramático es que esto se ha consumado ante los ojos de todo un Parlamento que no ha tenido la capacidad de darse cuenta de la gravedad de la norma que estaba aprobando y menos aún de su alcance.

Todas las Universidades Privadas, ya que las crecientes necesidades de sus alumnos lo van a imponer, tendrán tarde o temprano que pasar por las manos de este órgano generado de facto, con un propósito explícito diferente, que ha través de la falta de sagacidad parlamentaria ha quedado en condiciones de aparente legitimidad a través de este artículo transitorio,

Frente a esta grave falta del Parlamento en su deber de cautelar el bien común nacional y respetar la juridicidad existente, la única esperanza que resta al restablecimiento del orden jurídico nacional es que el Tribunal Constitucional, cuando deba revisar los artículos que afectan disposiciones de orden Constitucional, extienda esta revisión al proyecto completo y objete, como corresponde en derecho, la constitucionalidad del artículo primero transitorio.

Las Universidades Privadas, que hemos formulados reclamos sobre esta materia, que llamamos oportunamente la atención a las señoras y señores Parlamentarios para que atendieran el problema a través de una inserción en este mismo diario, no eludimos ni rechazamos la verificación de una calidad que sabemos tenemos y practicamos en nuestro quehacer. Sólo sentimos el deber, más allá de nuestros propios intereses, de velar por el respeto y la sujeción a los principios fundamentales que deben regir las relaciones entre el Estado, las Instituciones y los habitantes del país.

ALICIA ROMO ROMAN
Santiago, Abril del 2005

Share Button