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Financiamiento de la Educación Superior y la Exigencia de Acreditación

ConferenciaEn estos momentos se discute en el Parlamento un proyecto de enorme significado para el futuro del desarrollo nacional, el financiamiento de la Educación Superior. El aumento de las postulaciones en este sector de la Educación se ha venido generando y continuará aumentando, en el futuro, principalmente a partir de una juventud que, habiendo terminado su educación media, proviene de familias que no poseen los recursos necesarios para enfrentar los costos de esa Educación Superior a la que aspiran y que el país necesita. Resulta por tanto muy importante atender cuidadosamente todo lo que diga relación con el problema planteado, que es de importante orden económico y social.

El Ministerio de Educación y posiblemente algunos parlamentarios, quisieran asociar el crédito en discusión, que se pretende hacer extensivo al sector privado, con el requisito de “la Acreditación”, estableciendo el acceso a éste sólo para aquellas instituciones “Acreditadas”. Sobre el particular, es necesario advertir a la opinión pública que a la fecha, no existe en el país ninguna ley que establezca y regule lo que sería una Acreditación. Mejor dicho, la Acreditación no existe oficialmente en el país, tan sólo hay un proyecto de ley que se encuentra todavía en estudio en la Comisión de Educación del Senado, cuya aprobación es, a lo menos, discutible.

El país sin embargo, ha conocido, a través de una nutrida difusión, un proceso llamado “de Acreditación” practicado por el Consejo Nacional de Acreditación de Pregrado, CNAP. Este Consejo es una instancia creada a partir de la experiencia acreditadora que, en su momento, tuvo para las nuevas universidades el Consejo Superior de Educación. Las mismas personas que trabajaron en el Consejo Superior de Educación crearon una instancia, radicada en el Ministerio de Educación para desarrollar un programa experimental con aquellas universidades que elegidas por ellos aceptaron participar en la experiencia. Más tarde, cuando ya el proceso comenzaba, se invitó al resto de las Instituciones, para ser parte de un próximo grupo.

Tal instancia, interesante desde el punto de vista de la experiencia, que dio como resultados la acreditación por un período de siete años para universidades como la Católica y la Chile y que últimamente, entregó una acreditación de sólo tres años para la Universidad de Santiago, carece de existencia legal y el Ministerio de Educación carece de atribuciones para darle legitimidad. Luego, sus actuaciones sólo pueden permanecer en el plano de las acciones voluntarias y no tienen valor legal. La forma de operar de esta comisión Ad-Hoc, no está sujeta a ninguna reglamentación conocida, y los encargos de practicar las evaluaciones han sido hechos a personas, cuyos antecedentes académicos y técnicos, aunque sean muy valiosos, son también desconocidos. Como plan piloto, tratando de adquirir experiencia para un futuro próximo, este ejercicio de acreditación puede resultar interesante y útil para corregir defectos y errores, sin embargo, y dado que la institución “Acreditación”, no existe legalmente, no se puede hacer uso de ella ni de los resultados que este proceso haya arrojado en los proyectos que se le sometieron a modo de prueba, como si se tratara de un real proceso de acreditación, realizado por instancias competentes, de acuerdo a lo determinado en una ley, a través de un procedimiento objetivo, conocido, y desarrollado por las personas idóneas, cuyos nombres y capacidades estén a disposición de quien lo requiera.

Por la naturaleza del ente realizador y las circunstancias de su trabajo, no se podría usar esta experiencia, para los efectos de dar por cumplido el requisito de “Acreditación” para tener acceso a ningún tipo de crédito u otro beneficio. El proceso que se ha realizado, es informal y absolutamente de prueba Si se aceptara por el legislador, el requisito de acreditación, para ser partícipe de los financiamientos proyectados, tal acreditación no puede ser otra que la que surja de un sistema que se apruebe en una ley, después de sortear todas las limitaciones Constitucionales que este tema plantea. No se puede pretender institucionalizar de facto una operatoria que no existe jurídicamente; para hacerla aplicable a objetivos de tanta importancia como son los de financiamiento necesario para atender al número creciente de jóvenes chilenos que, estando en condiciones de acceder a la educación superior, no pueden hacerlo por falta de recursos. Si se exige por el legislador, como requisito de acceso al crédito la Acreditación, ésta sólo puede ser la que se practique una vez que exista una ley y de conformidad con lo establecido en ella.

Por otra parte, es necesario llamar la atención acerca de un fenómeno de comunicación que está distorsionando la competencia entre las instituciones de Educación Superior. En la publicidad de varias de las que participaron en el proyecto piloto, se ha comenzado a repetir la palabra “Acreditada”como un símbolo que pretende representar un sello de calidad adquirido de una fuente capacitada para otorgarlo. La verdad es que si bien la acreditación es una instancia calificadora que funciona en otros países, ya sabemos que en el nuestro no tiene todavía existencia legal y el sello hasta ahora obtenido sólo pertenece a una experiencia de prueba y además, “selectiva” ,que, como tal, no puede en ningún caso y bajo ninguna circunstancia ser usado por quienes lo obtuvieron como elemento de ventaja competitiva, ya que carece de todo respaldo jurídico. En tales condiciones no se puede pretender que tal experiencia se convierta en un sello de reconocida calidad, ya que el organismo que lo otorga no tiene existencia legal, su forma de medición no ha sido definida, ni conceptualmente ni en lo que dice relación con las exigencias objetivas que se deben cumplir, ni existe tampoco, procedimiento alguno que haya sido regulado al efecto.

El proceso realizado por la CNAP, si permanece en el tiempo, puede llegar a tener algún valor, en la medida que la instancia sea suficientemente conocida y su modo de operación sea validado en el tiempo y por los usuarios. Hoy, todavía no tiene el valor de la experiencia y del reconocimiento de los usuarios. Luego, no corresponde que se pretenda hacer de sus calificaciones un pretendido “sello de calidad”.La falta de existencia jurídica, y de la valoración de mercado hacen de este interesante procedimiento tan sólo una experiencia de la que se pueden sacar conclusiones útiles para algunos o formular serias críticas por parte de otros, pero, en ningún caso constituye esto un proceso con existencia jurídica real que permita hacer de sus conclusiones una opinión que alcance la calidad de oficial, y permita que su veredicto se constituya en un “sello de calidad”. El uso que algunas instituciones están haciendo de esta experiencia no es legítimo ni corresponde al compromiso con la verdad que deben tener las instituciones de Educación Superior.

ALICIA ROMO ROMAN
Santiago, Abril del 2005

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