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Regulación de oferta universitaria

Regulación de oferta universitaria (Carta publicada en El Mercurio, 23 – Nov)

Señor Director:

Se ha enviado al Congreso un proyecto de “Regulación de la Oferta de la Educación Superior”. La señora ministra de Educación dice: “Esta es la única manera de reposicionar la fe pública que la ciudadanía tiene en materia de educación”, y agrega : “no existen normas legales que explícitamente exijan a las instituciones de Educación Superior proporcionar a los usuarios información fidedigna sobre la efectiva existencia de un determinado campo laboral para la inserción de sus egresados”. Por otra parte, el señor director de Educación Superior agrega: “El proyecto establece que cualquier institución de Educación Superior a la hora de querer ofertar una nueva carrera, deba primero solicitar autorización al Mineduc entregando una serie de antecedentes que antes no se exigían”.

Sorprende no escuchar un coro de protestas por este pretendido atropello a la autonomía del mundo universitario. El tema en cuestión es grave y presenta a lo menos dos problemas: a) pretender vincular la universidad con la seguridad laboral, y b) pretender que el Ministerio tiene, o puede tener, alguna atribución en relación con las universidades.

La universidad tiene, entre otros, el deber de crear conocimientos y transmitirlos, de investigar y generar espacio para que transite la sociedad. No tiene ninguna relación y, menos aún, responsabilidad en materia laboral. El destino de sus egresados y egresadas es, sin embargo, una medida importante del buen nombre y el éxito, y por eso las universidades se ocupan de establecer vínculos y relaciones para la aceptación de su gente. Este factor de prestigio no tiene relación con sus deberes formales.

En cuanto a las atribuciones que reclama el Ministerio para intervenir en el quehacer universitario, hace falta más que una ley para adquirirlas; es necesaria una reforma a la Constitución. Con visión y sabiduría el Constituyente estableció como única relación de las universidades con el Ministerio, su reconocimiento oficial, y luego, ser el vínculo con el Ejecutivo. La autonomía universitaria, requisito de la esencia institucional, es absoluta y debe ser respetada para permitir que las universidades cumplan la labor que se espera y exige de ellas. No cabe, por tanto, ninguna intervención del Ministerio. Es comprensible que ante un problema la autoridad se preocupe, pero los caminos para resolver estas dificultades son otros. Por qué no invitar al mundo universitario para buscar apoyo y colaboración en lugar de usar epítetos ofensivos en relación a la fe pública, que ciertamente no alcanzan a la mayoría de las instituciones. Menos aún reclamar para el Ministerio facultades de intervención en tareas que le son ajenas y absolutamente impropias.

Alicia Romo Román

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