Martes 25 de agosto de 2026
Recientemente, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, anunció la reactivación de la reforma procesal civil, relacionada con una modificación al Código de Procedimiento Civil, las instituciones relacionadas a la justicia civil y cómo se articularán este código, la mediación civil y comercial, y la reforma orgánica de los tribunales de este ámbito legal.
En ese sentido, la directora de la Escuela de Derecho, Natalia García, publicó en El Mercurio Legal la columna “Reforma procesal civil: salir de la espera”, en que analiza estos desafíos a la luz de la más de una década de tramitación de este proyecto. La reforma al Código de Procedimiento Civil fue anunciada en marzo de 2012, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, mientras fue ministro de Justicia Teodoro Ribera. Desde esa fecha, se encuentra en el Congreso Nacional.
¿Qué implica esta reforma?
Desde su punto de vista, la directora planteó que esta iniciativa no solo se refiere al texto del Código Procesal Civil, sino que “supone decisiones profundas acerca del rol del juez y de las partes, la prueba, la ejecución, los recursos y la estructura institucional necesaria para sostener el nuevo modelo”.
¿Qué elementos son desafiantes en esta iniciativa?
Por un lado, la columna plantea la controversia en torno a la etapa probatoria, es decir, el tipo y cantidad de pruebas. La oralidad del procedimiento, que depende, por ejemplo, del número de jueces y cantidad de salas disponibles. Sobre todo, y citando a Pablo Rodríguez, “una estructura institucional capaz de sostenerla. En otras palabras, un nuevo código por sí solo no genera capacidad organizacional”.
Otro de los desafíos tiene que ver con la agilización del cumplimiento de las decisiones judiciales. Acá entra la figura del oficial de ejecución, que según explica la columna, “es una propuesta respaldada por José Pedro Silva para liberar a los jueces de tareas predominantemente administrativas y permitirles concentrarse en funciones jurisdiccionales. Incluso Rodríguez Grez, crítico de varios aspectos de la reforma, ha coincidido en la conveniencia de reducir la carga administrativa de los tribunales”.
La columna de la directora de la Escuela de Derecho UGM analiza otros tópicos. Uno de ellos se refiere a los riesgos de importar instituciones procesales desarrolladas en otros países, sin considerar el contexto en que se ejecuta la justicia civil chilena.
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