Primera Encuesta Evaluación de Confianza en las Instituciones: chilenos reprueban a las instituciones judiciales | Universidad Gabriela Mistral
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Primera Encuesta Evaluación de Confianza en las Instituciones: chilenos reprueban a las instituciones judiciales

El Centro de Innovación y Desafíos del Futuro de la Universidad Gabriela Mistral junto a Black & White realizaron el estudio cuyo primer capítulo se denominó “Confianza en el Sistema Judicial”, para conocer la experiencia que han tenido los chilenos al momento de recurrir a los Tribunales de Justicia, a la Defensoría Penal Pública, a la Fiscalía o los Tribunales de Familia.

Jueves 16 de mayo de 2024

El miércoles 16 de mayo la Escuela de Derecho y el Centro de Innovación y Desafíos del Futuro de la Universidad Gabriela Mistral invitaron a la comunidad universitaria a la inauguración de este ciclo de Encuestas de Evaluación de Confianza en las Instituciones.

Este nuevo proyecto institucional busca generar de manera periódica un espacio de debate académico sobre la percepción y valoración de los chilenos hacia nuestra institucionalidad, como un aporte para la discusión de políticas públicas.

Participaron en el evento académico el Rector Sergio Mena; la Decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanidades, Magdalena Fernández; el Director del Centro de Innovación y Desafíos del Futuro, Sebastián Sichel; la Directora de Comunicaciones, Isabel Seoane; la Directora de la Escuela de Derecho, Lourdes Soria; el Director de Desarrollo Estudiantil Fernando Pavez; estudiantes, directores, académicos y colaboradores.

Como invitados especiales a comentar los resultados de la encuesta participaron el ex ministro de Justicia, Isidro Solís, y el ex Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, en un panel moderado por el profesor de la Escuela de Derecho UGM Rodrigo Urzúa. El Director Sebastián Sichel realizó una presentación de los resultados ante la comunidad universitaria.

Evaluación crítica de la ciudadanía
El capítulo “Confianza en el Sistema Judicial” entregó cifras preocupantes por la desconfianza que generan en las personas consultadas los organismos mencionados. La gran mayoría (83%) confía poco (52%) o nada (31%) en dichas instituciones. Esta proporción crece entre mujeres, en el Grupo Socioeconómico C3 y a medida que aumenta la edad.

A través de la encuesta se propuso a los consultados evaluar en una escala de 1 a 7 a cada una de estas entidades y el resultado fue el siguiente:
Tribunales de Justicia: 2,7
Defensoría Penal Pública: 3,0
Fiscalía (Ministerio Público): 3,2
Tribunal de Familia: 3,3

Razones para acudir y evaluación de la experiencia
Ante la pregunta ¿Ha concurrido a un tribunal de justicia en los últimos dos años?, la gran mayoría (85%) responde que no. Entre quienes sí han acudido durante ese periodo, un 29% declara que lo ha hecho porque ha demandado a alguien. Le sigue un 16% que señala que ha sido demandado y un 11% que ha concurrido por un proceso penal. El resto (54%) ha debido asistir por razones diferentes a las listadas.

Entre quienes han concurrido a un tribunal de justicia en los últimos dos años, la mayoría (70%) evalúa su experiencia con el Poder Judicial con una nota promedio de 3,2. Sólo se alcanza una nota promedio azul entre los encuestados más jóvenes (18 a 34 años), quienes calificaron su experiencia con un 4,0.

El ex Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, profundizó en la preocupante falta de confianza en las instituciones judiciales y destacó la necesidad imperante de un cumplimiento efectivo para revertir esta situación. “Si uno va a todas las encuestas, hay algo que está llamando la atención del deterioro en el sistema judicial y tiene un caudal progresivo en Latinoamérica. O podemos generar la senda de insistir en la confianza como estabilizador de las instituciones, o ponemos la esperanza de un evangelizador político. No debemos caer en la trampa de las redes (sociales)”, comentó.

Mendoza enfatizó que si el Poder Judicial logra implementar medidas razonables que aseguren la justicia en términos de tiempo, calidad, motivación y transparencia, se podrán corregir las deficiencias y mejorar significativamente la percepción pública sobre su funcionamiento. “Los jueces están sometidos a fiscalización a través de los recursos disponibles y que, en última instancia, la Corte Suprema también está sujeta a juicio político. Es fundamental recordar que en Chile, en diversas ocasiones, se han llevado a cabo juicios políticos que han resultado en la destitución de jueces del sistema judicial”.

El ex ministro de Justicia, Isidro Solís, subrayó la importancia de varios pilares fundamentales para garantizar una verdadera seguridad en la sociedad. En primer lugar, destacó la necesidad de una educación adecuada. En segundo lugar, resaltó la importancia de las labores preventivas. Sin embargo, cuando estas medidas fallan, es crucial contar con la capacidad de persecución, juzgamiento y condena. “La autotutela es un síntoma del fracaso del sistema, es lo más estremecedor del estudio”, afirmó el abogado.

Solís hizo hincapié en que la responsabilidad de garantizar la seguridad ciudadana recae en varios pilares, y el Poder Judicial juega un papel crucial en este proceso. Reconoció que esta institucionalidad, desde la perspectiva pública, carga con la responsabilidad de lo que está sucediendo: “Si bien es importante defender el Poder Judicial, también es importante reconocer sus limitaciones para abordar problemas que están más allá de su capacidad."

Lourdes Soria, Directora de la Escuela de Derecho de la Universidad Gabriela Mistral, explicó que “la encuesta arroja un escenario negativo en general, dado que la percepción de la ciudadanía frente al acceso a la justicia y la confianza es baja. Esperamos que con la aplicación sistemática de la encuesta, esta percepción tienda al alza y que sirva para fortalecer políticas públicas, convirtiéndonos en referentes a nivel nacional”.

Entre otras estadísticas del estudio, se recoge que entre quienes han concurrido a un Tribunal de Justicia en los últimos dos años, la mayoría piensa que el género o el aspecto físico no influyeron en el resultado o rapidez del proceso judicial (82% y 89%, respectivamente). Sin embargo, cabe destacar que un 34% considera que su situación económica sí influyó de manera negativa.